Día Internacional de los Derechos Humanos 2025 Una región que resiste ante el avance de las violaciones y la erosión democrática
Cada 10 de diciembre, el mundo conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 77 años después, este documento continúa siendo un faro moral y jurídico en medio de un escenario global marcado por conflictos, desigualdades profundas y nuevas amenazas derivadas de avances tecnológicos.
En América Latina y el Caribe, una región donde históricamente los derechos humanos son una bandera de lucha social, esta fecha adquiere un significado especial, en los últimos 10 años organizaciones sociales, defensores, periodistas y ciudadanos enfrentan un contexto cada vez más hostil, donde la vigencia de las libertades fundamentales vuelve a ponerse a prueba.
En varios países del continente, las denuncias de represión estatal, uso excesivo de la fuerza en protestas, detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión se han convertido en un patrón que prende las alarmas. A esto se une la criminalización de líderes sociales, así como la violencia contra defensores de derechos humanos.
En el Caribe, persisten prácticas discriminatorias, detenciones irregulares y obstáculos para el acceso a la justicia, especialmente contra personas migrantes y comunidades vulnerables. Estos hechos revelan un retroceso que preocupa tanto a organizaciones nacionales como a instancias internacionales.
En Venezuela
La situación interna continúa destacando por su gravedad, varias organizaciones e instituciones internacionales han documentado la existencia de más de un centenar de presos políticos sometidos a condiciones de reclusión inhumanas, la persistencia de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales sin garantías.
La libertad de prensa enfrenta un asedio constante a través de amenazas, bloqueos informativos, cierres de emisoras y criminalización de periodistas, todas esta arbitrariedades documentadas fueron elevadas como denuncias ante instancias como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la CIDH y la Corte Penal Internacional, que mantienen investigaciones activas sobre violaciones graves, incluyendo torturas, persecución política y el uso instrumental del sistema judicial para silenciar la disidencia. La ausencia de independencia judicial y el irrespeto a las leyes acentúan la crisis democrática que afecta a millones de ciudadanos en Venezuela. Ante esa realidad mas de 8 millones de personas salieron, la migracion venezolana es una de las mas numerosas de los últimos tiempos.
En esta fecha, organizaciones de la región reiteran un llamado urgente a los Estados para que asuman su responsabilidad y cumplan los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.
Esto implica proteger a defensores, periodistas, comunidades vulnerables, migrantes, mujeres, niños, pueblos indígenas y personas LGBTIQ+; garantizar el acceso a la justicia, la libertad de expresión y el debido proceso y desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos que combatan la impunidad y fortalezcan la democracia.
La defensa de los derechos humanos también demanda una ciudadanía activa, consciente y comprometida en su vida cotidiana, porque su vigencia depende tanto de la acción estatal como del tejido social que los sostiene.
