Sociedad civil y expertos afirman en Perú sin garantías no hay retorno digno, seguro, ordenado y regular.
Coalición por Venezuela Lima, Perú. – Expertos en movilidad humana y organizaciones de la sociedad civil presentes en el Foro Regional Migración, Derechos Humanos y Buenas Prácticas, presentaron conclusiones e ideas para abordar el tema de retornos seguros de población migrante a sus países de origen, específicamente el caso venezolano de los migrantes que suman mas de 8 millones de personas que salieron de su país en busca de oportunidades.
En mesas de trabajo fueron analizados los desafíos y condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro, voluntario y digno de las personas migrantes en la región, en este marco de ideas se habló del caso Venezolano.
Durante la jornada de trabajo, se abordó el rol clave de la sociedad civil en los procesos de retorno, destacando su capacidad de acompañamiento, generación de confianza y documentación de vulneraciones de derechos.
Los participantes coincidieron en que las organizaciones sociales son actores fundamentales para identificar riesgos, brindar apoyo a poblaciones sin acceso a canales institucionales y aportar evidencia que contribuya a la formulación de políticas públicas más efectivas.
En las discusiones se analizaron diversos factores que influyen en la toma de decisiones para el retorno, entre ellos el acceso a servicios básicos, la estabilidad económica, la seguridad y la fragilidad institucional en los países de origen, este análisis también fue enmarcado en el caso Venezuela. Estos elementos, señalaron, son determinantes para que una persona migrante considere regresar en condiciones adecuadas.
Uno de los principales aportes de las mesas fue la identificación de cuatro pilares esenciales para garantizar un retorno digno. El primero es la voluntariedad, asegurando que el regreso no esté condicionado por presiones, amenazas de deportación o retiro de asistencia. “No existe voluntad real cuando el retorno es impuesto bajo coerción”, enfatizaron los expertos.
El segundo pilar es la seguridad integral, que abarca la protección física, jurídica y comunitaria de las personas, evitando riesgos como persecución, trata o revictimización. En tercer lugar, se destacó la dignidad, entendida como el acceso a identidad, vivienda, salud, educación, medios de vida y la no discriminación. Finalmente, el cuarto pilar es la sostenibilidad, que implica garantizar condiciones que permitan a las personas y sus familias reconstruir sus vidas con protección y estabilidad en el tiempo.
Asimismo, se subrayó la importancia de incluir a la sociedad civil en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas relacionadas con el retorno voluntario, promoviendo espacios de participación junto a gobiernos, organismos internacionales y otros actores clave. Esta articulación permitiría anticipar riesgos y fortalecer la protección de las poblaciones en contextos vulnerables.
Como parte de las conclusiones, los expertos señalaron que actualmente no existen las condiciones necesarias para que muchas personas migrantes (en el caso de nacionales venezolanos) puedan retornar de manera segura y digna. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de documentación, especialmente en el caso de personas nacidas en países de acogida de padres venezolanos, así como el cierre de consulados y embajadas que limita trámites esenciales como pasaportes, registros civiles y certificaciones.
A esto se suma la ausencia o limitación de procesos de regularización migratoria en países de acogida, lo que incrementa la vulnerabilidad de las personas y dificulta tanto su permanencia como un eventual retorno.
Los participantes coincidieron en que avanzar hacia un retorno seguro, ordenado, regular y digno requiere de un esfuerzo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil, Estados, gobiernos, organismos del sistema de Naciones Unidas y tomadores de decisiones.
Este trabajo articulado debe orientarse al diseño de políticas, protocolos y rutas de acceso a derechos que generen confianza en la población migrante y garanticen condiciones reales para el retorno.
Las mesas de trabajo concluyeron con un llamado a priorizar la protección de los derechos humanos y a reconocer el papel estratégico de la sociedad civil como puente entre las comunidades migrantes y las instituciones, en la construcción de soluciones sostenibles frente a los desafíos de la movilidad humana en la región.
Hugo Sánchez
Comunicaciones Coalición por Venezuela//Voces en Movimiento
Fotos: Fabiola Rivas.
