Comunicado oficial sobre las deportaciones de venezolanos a El Salvador y la criminalización de la migración en EEUU

En relación con las recientes deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador y los anteriores vuelos de deportación hacia Caracas, la Federación Coalición por Venezuela expresa su más enérgico rechazo ante las irregularidades y violaciones de derechos fundamentales que han caracterizado estos procedimientos.

Esta federación ha recibido con profunda preocupación reportes e informaciones sobre la falta de claridad en el proceso de selección de las personas deportadas. La carencia de transparencia en los parámetros que vinculan a los deportados con la banda criminal “Tren de Aragua” resulta alarmante y suscita serias dudas sobre la justicia y equidad de las decisiones tomadas, especialmente ante la aparente criminalización de toda una nacionalidad vinculada con un grupo delincuencial sin individualización de los casos. Sobre manera resulta alarmante el perfilamiento de personas para deportación por el uso de tatuajes o condición migratoria pendiente de resolución bajo el mismo parámetro de la comisión de delitos o como justificación para las medidas más graves: deportación y encarcelamiento.

Asimismo, denunciamos las presuntas violaciones al debido proceso, incluyendo la incomunicación de los deportados con sus abogados, escaso o ningún acceso a información oficial sobre la selección de cada caso y la restricción al derecho de la defensa. Negar el acceso a la defensa legal es una transgresión flagrante de los derechos humanos básicos y un atentado contra los principios fundamentales de justicia, incluso en aquellos bajo sospecha de la comisión de delitos.

La Federación Coalición por Venezuela manifiesta además su rechazo a la omisión de la separación de poderes en los Estados Unidos. La desatención expresa del cumplimiento de la decisión del juez federal James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, que bloqueaba temporalmente las deportaciones por 14 días, constituye un desconocimiento inaceptable del marco legal y una afrenta a la independencia judicial, abonando a la inestabilidad del país y sus fundamentos democráticos. La oportuna reparación y restitución de aquellos no implicados en dichas estructuras delictivas ha de ser inmediata y proporcional al daño, así como el acceso a la justicia para quienes en efecto se encuentran vinculados al Tren de Aragua a fin de ser responsables ante la ley bajo los procedimientos acordes establecidos en el sistema ordinario de justicia americano.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se investiguen de manera exhaustiva estas denuncias y se garantice el respeto a los derechos humanos y al debido proceso en cualquier procedimiento migratorio o de protección internacional. Coalición por Venezuela reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los venezolanos en el exterior y continuará trabajando por una migración justa, humana y transparente.

Finalmente, es fundamental destacar el valioso aporte de los venezolanos a las sociedades de acogida y su clara voluntad de acceder a mecanismos para una migración segura, ordenada y regular, bajo las normas establecidas por el mismo Gobierno de los Estados Unidos. Prueba de ello son los más de 600.000 casos de aplicantes al Estatus de Protección Temporal (TPS), los más de 500.000 migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron al país bajo el programa de Permiso Humanitario, los más de 132.000 casos de solicitantes de asilo pendientes de resolución y, en general, aquellos cientos de miles que, a través de las Oficinas de Movilidad Segura, tenían pendiente de reasentamiento su movilización a territorio americano. Todos ellos cumplieron con los procesos legales y transparentes establecidos por el gobierno de los EE. UU. y ahora son criminalizados por cumplir con la ley, los otros venezolanos ya establecidos promueven el crecimiento de los Estados Unidos de América favoreciendo a su estado de bienestar.

Migrar no es un delito, es, por el contrario, un derecho y como tal ha de ser respetado y protegido.

Coalición por Venezuela
Miami, 17 de marzo de 2025