Coalición por Venezuela. 18 diciembre 2025. La regularización migratoria emerge como un factor clave para el crecimiento económico, la inclusión laboral y el fortalecimiento fiscal de los países de acogida, donde la migración venezolana se viene consolidando como un actor relevante en el desarrollo económico, fiscal y laboral de diversos países de América Latina y el Caribe, esto según un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que analiza datos recopilados entre 2021 y 2025 en varios países de acogida.
El informe fue presentado por Julio Crossi, Coordinador de Procesos Intergubernamentales de la OIM; David Licheri, representante de Equilibrium y Jorge Gallo, Oficial Senior de Comunicaciones para América Latina y el Caribe de la OIM.

Este estudio abarca 10 investigaciones y 10 informes centrados en la contribución socioeconómica de la población migrante venezolana en países como Colombia, Perú, Aruba, Panamá, República Dominicana, Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica.
De acuerdo con los últimos datos de la plataforma R4V (2025), 7,9 millones de personas venezolanas viven fuera de su país, de las cuales 6,87 millones residen en América Latina y el Caribe, lo que confirma que la región continúa siendo el principal espacio de acogida. El informe también señala una disminución sustancial de los flujos migratorios hacia el norte, particularmente por corredores como el Darién, tras la adopción de medidas más restrictivas por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Regularización: eje central de la integración
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que 5,1 millones de personas migrantes venezolanas se encuentran en situación migratoria regular, lo que representa el 68 % de la población venezolana migrante. Esto ha sido posible gracias al trabajo sostenido de la cooperación internacional, las agencias humanitarias y los procesos de incidencia ante los Estados de acogida.

La regularización migratoria permite el acceso a empleos dignos, educación, servicios de salud, inclusión financiera y emprendimientos, generando beneficios tanto para las familias migrantes como para las economías nacionales. El informe subraya que la integración económica de la migración venezolana es un activo estratégico para los países receptores.
Impacto económico y fiscal
El estudio revela que el consumo de la población migrante venezolana supera los 10.600 millones de dólares, concentrado principalmente en vivienda, servicios y alimentación, en ocho países analizados, (Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil). A ello se suma una contribución significativa al sistema de salud, tanto público como privado, mediante pagos directos y cotizaciones.

En materia laboral, el informe advierte que en América Latina y el Caribe persisten brechas salariales y altos niveles de informalidad. Si bien la tasa de empleo de la población migrante alcanza el 83,9 %, el 81,9 % de estos empleos son informales, lo que evidencia la urgencia de fortalecer políticas de formalización laboral. En los países donde se avanzó en procesos de regularización, se registraron incrementos sustanciales en el aporte fiscal y en el empleo formal.
Emprendimiento y generación de empleo
La migración venezolana también destaca por su dinamismo emprendedor. En Panamá, por ejemplo, en los últimos diez años se han generado más de 40.000 puestos de trabajo vinculados a emprendimientos impulsados por personas venezolanas. En República Dominicana, el aporte fiscal de empresarios y emprendedores venezolanos (incluyendo pagos de impuestos y contribuciones) alcanza aproximadamente 550 millones de dólares.

Estos aportes reflejan una participación positiva en los sistemas fiscales de los países estudiados, impulsada por el consumo interno, la inversión privada y la capacidad productiva de la población migrante.
Desafíos persistentes
El informe también identifica desafíos estructurales, entre ellos la falta de documentación, que expone a muchas personas migrantes a la subcontratación, la discriminación laboral y la ausencia de contratos formales.
El cierre de consulados y embajadas venezolanas en varios países de acogida, dificulta la actualización de documentos esenciales para los procesos de regularización.
Asimismo, se resalta la necesidad de fortalecer un enfoque de género, dado que las mujeres migrantes enfrentan barreras adicionales en el acceso al empleo, la protección social y la autonomía económica.
Conclusiones y recomendaciones
El estudio concluye que continuar y ampliar los procesos de regularización migratoria permitiría un aumento significativo del PIB de los países de acogida, no solo por la inversión empresarial y el emprendimiento, sino también por la alta calificación educativa y profesional de la población venezolana.
Finalmente, la OIM destaca la importancia de que la sociedad civil organizada participe activamente en la toma de decisiones, el diseño e implementación de políticas públicas, siendo reconocida no solo como beneficiaria, sino como socia estratégica en los procesos de integración socioeconómica.
Contacto de prensa:
Hugo Sánchez – [email protected]
Otros datos presentados en el informe de la OIM.


