Hacemos un llamado a la defensa de los derechos de 350.000 migrantes venezolanos ante el riesgo del fin del TPS en EE. UU.
En nombre de Coalición por Venezuela, emitimos el siguiente comunicado ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que habilita el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 migrantes venezolanos. Esta medida podría tener profundas consecuencias para la vida y la estabilidad de miles de nuestros compatriotas que son migrantes y refugiados en suelo estadounidense. Es crucial recordar y hacer valer los derechos que les asisten bajo el derecho internacional.
Ante esta decisión que representa un riesgo inminente de deportación, desde Coalición por Venezuela reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa y el respeto de los derechos humanos de cada migrante y refugiado venezolano, tal como lo establecen las leyes internacionales.
Es fundamental comprender que la realidad de la migración venezolana es compleja y está arraigada en la búsqueda de seguridad y estabilidad. Los venezolanos que han llegado a Estados Unidos, y a otros países, lo han hecho huyendo de circunstancias que ponen en riesgo su vida e integridad. Bajo el derecho internacional de los refugiados, el principio de no devolución (non-refoulement) es una piedra angular, impidiendo que una persona sea devuelta a un país donde su vida o libertad corran peligro. La estigmatización y la vinculación de toda una comunidad con actividades criminales son inaceptables y solo profundizan la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan enormes desafíos.
Cabe destacar que la situación de Venezuela sigue siendo una preocupación fundamental en materia de derechos humanos. Diversos organismos internacionales, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha emitido múltiples informes que detallan ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, represión de la disidencia política y graves restricciones a la libertad de expresión y asociación. Por ello, las posibles deportaciones implican un riesgo inminente para la vida, la libertad y la integridad de miles de personas que huyen de la violencia, la represión, la precariedad y amenazas políticas en su país.
Desde Coalición por Venezuela, exhortamos a la comunidad internacional a reafirmar su compromiso con los principios de protección humanitaria y a asegurar que las políticas migratorias se implementen con un enfoque en la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. La defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados no es solo un deber legal, consagrado en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, sino un imperativo moral que nos une a todos.
