Llamado al Gobierno de Perú a continuar el reconocimiento y protección de la población en situación de vulnerabilidad o con necesidades de protección internacional

Habiendo tomado conocimiento de la Resolución emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones N° 0121-2024- MIGRACIONES el 25 de junio de 2024, como organizaciones miembros de la federación internacional Coalición por Venezuela, debidamente formalizadas ante las autoridades peruanas y además siendo implementadores de programas de asistencia y apoyo para velar por los derechos fundamentales de las comunidades refugiadas y migrantes dentro del territorio peruano, emitimos la presente comunicación informando nuestra posición sin menoscabo a los principios de soberanía nacional del Estado Peruano y considerando las competencias que habilitan a la Superintendencia Nacional de Migraciones en materia de gobernanza migratoria sino con el claro objetivo de  contribuir con una migración segura, ordenada y regular para todas y todos.

Sometemos respetuosamente a su consideración la evaluación de los impactos de la Resolución 000121-2024-MIGRACIONES y los riesgos que podrían advertirse en relación con la población refugiada y migrante en situación de vulnerabilidad como lo son mujeres embarazadas, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con necesidad de protección internacional que se encuentran en tránsito y tienen como destino Perú, pudiéndose afectar el derecho a la protección internacional, a la unidad migratoria familiar, el interés superior del niño, niña y adolescente o, simplemente, el derecho a la vida.

Expresamos nuestra preocupación ante la revocatoria de la RS-000177-2019-MIGRACIONES, por lo que podría complejizar la correcta aplicación de los preceptos constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales, la Política Nacional Migratoria (2017-2025) vigente y la legislación nacional en materia (D.L. N°1350 y la Ley N°27891) en concordancia con los convenios, tratados y compromisos internacionales de Perú, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención sobre los Estatutos de los Refugiados y el Pacto Mundial sobre la Migración.  

Recordamos además que, en el mes de julio de 2022, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió a través de la sentencia 266/2022 del EXP. N.° 00688-2020-PHC/TC ordenar a las autoridades emplazadas el garantizar que:

a) Cuando regulen el ingreso de ciudadanos de nacionalidad venezolana o de terceros países por razones humanitarias, mínimamente efectúen una especial consideración, al atender solicitudes, de todas aquellas personas que se encuentran comprendidas en las categorías previstas en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1350, de Migraciones, pudiendo considerar, adicionalmente, otras categorías en las que se encuentren las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

b) Abstenerse de impedir el ingreso o expulsar a aquella persona cuya vida o libertad peligre al ser entregada a otro territorio con ocasión de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.

c) Diseñar procedimientos adecuados para la determinación de los casos en los que se advierta la existencia de esta clase de peligros, en los que se brinde a la persona involucrada la posibilidad de presentar su caso ante las autoridades competentes. Esto supone la prohibición de las expulsiones colectivas e indiscriminadas.

d) No imponer requisitos o exigencias que hagan que, en la práctica, el acceso a la protección que brindan las calidades migratorias se torne ilusoria.

Somos conscientes de los esfuerzos constantes del Estado peruano en el reconocimiento de la necesidad de protección a poblaciones vulnerables al habilitar la aplicación de los mecanismos de regularización y de protección complementaria como los permisos temporales de permanencia, la calidad humanitaria y la ampliación de los accesos a la calidad especial residente. 

Advertimos nuestra preocupación en materia de seguridad multidimensional y hemisférica, ante el potencial fortalecimiento de las redes de tráfico y trata de personas producto de la complejización en la consecusión de flujos migratorios ordenados y regulares a través de pasos seguros y accesibles frente a situaciones de crisis humanitaria y comisión de crímenes de lesa humanidad; y amenazando la integridad territorial y el ejercicio efectivo de la soberanía estatal.

Así mismo, reconocemos el rol fundamental del Estado peruano en la corresponsabilidad en materia de protección internacional al participar, como país, el setiembre de 2018, en la remisión de la solicitud investigación de la situación relativa a crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional que se habrían cometido en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela) a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas.  De conformidad con lo previsto en el artículo 14, numeral 1, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional junto con otros países como Canadá, Colombia, Chile y Paraguay. 

Recordamos que: la República Bolivariana de Venezuela ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio de 2000 y que:

• En febrero de 2018, la Fiscalía abrió un examen preliminar sobre la Situación en Venezuela.
• El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados Parte al Estatuto de Roma solicitando el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. En la que Perú fue parte.
• El 3 de noviembre de 2021, el Fiscal anunció la conclusión del examen preliminar y la apertura de la investigación (Venezuela I).
• El 15 de abril de 2022, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Fiscalía que se inhibiera de llevar a cabo su investigación en favor de las acciones llevadas a cabo por las autoridades nacionales de Venezuela.
• El 1 de noviembre de 2022, el Fiscal presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares I requiriendo autorización para reanudar la investigación en la Situación.
• El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre la Situación en Venezuela I.
• El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones rechazó la apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de 27 de junio de 2023 y confirmó la reanudación de la investigación.

Recordamos que la República Bolivariana de Venezuela es el único país latinoamericano, en la historia de toda la región, que ha pasado a la segunda fase (investigación) por parte de la oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Por ello, hacemos votos para seguir avanzando con medidas que, en el marco de la Seguridad Multidimensional regional y ejercicio de la soberanía estatal, faciliten la protección internacional, al tiempo que favorezcan o promuevan la integración armónica y garanticen la protección de los derechos de quienes hoy forman parte de la comunidad peruana y buscamos contribuir con un Perú seguro, unido, familiar y garante del Estado constitucional y democrático de derecho con la reivindicación de los derechos fundamentales de todas las personas que residimos en el país.

Lima, 05 de julio de 2024